Canarias recupera la memoria de la sangre: homenaje a las víctimas de los ataques del Polisario reabre el expediente olvidado de los pescadores españoles

ALDAR/ Meryem Haffiani

El recuerdo de los ataques contra pescadores canarios en el océano Atlántico durante las décadas de 1970 y 1980 ha vuelto a ocupar la atención pública, después de que la ciudad de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, acogiera una ceremonia de homenaje a las víctimas de aquellas operaciones atribuidas al Frente Polisario. La iniciativa ha reavivado una de las páginas más dolorosas de la historia reciente del archipiélago canario.

El acto fue organizado por la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE), entidad dedicada a la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo en el archipiélago español. La ceremonia simbólica tuvo lugar en la Plaza de la Concordia y contó con la presencia de responsables locales, personalidades civiles y militares, así como representantes de asociaciones de víctimas. También asistieron diplomáticos, entre ellos la cónsul general del Reino de Marruecos en Canarias, Fatiha El Kamouri, en una escena que reflejó la dimensión humana y política de un expediente que durante años permaneció al margen del debate público en España.

La conmemoración coincidió con la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, una jornada simbólica instaurada por la Unión Europea para honrar la memoria de las víctimas de la violencia política. Sin embargo, en Canarias la ocasión adquirió un significado particular, al volver a poner el foco sobre la serie de ataques que sufrieron embarcaciones pesqueras canarias en aguas cercanas a las costas del Sáhara durante un período marcado por fuertes tensiones políticas y de seguridad en la región.

Durante el acto, la fundadora de la asociación, Lucía Jiménez González, recordó el sufrimiento de decenas de familias que perdieron a sus seres queridos en aquellos episodios. Según el archivo de la asociación, cerca de 289 ciudadanos canarios habrían muerto o desaparecido entre 1973 y 1986, en su mayoría pescadores y marineros que desarrollaban su actividad profesional en alta mar. De acuerdo con testimonios de familiares y con informes de la prensa española de la época, varias embarcaciones fueron objeto de disparos o ataques mientras faenaban en zonas de pesca tradicionales frecuentadas desde hacía décadas por pescadores del archipiélago.

Analistas del ámbito político español subrayan que este episodio forma parte de una memoria histórica compleja vinculada al periodo posterior a la retirada de España del Sáhara en 1975. A partir de entonces, la región entró en una fase de conflicto regional cuyas repercusiones también se extendieron al espacio marítimo próximo a Canarias. En aquellos años, numerosos pescadores españoles operaban en las aguas atlánticas cercanas a la costa sahariana, lo que los expuso a riesgos de seguridad en medio de la escalada de operaciones armadas relacionadas con el conflicto.

La recuperación de esta memoria refleja también un cambio gradual en la forma en que la sociedad canaria aborda aquellos acontecimientos, tras décadas de silencio o de escasa visibilidad. Las asociaciones de víctimas, encabezadas por ACAVITE, llevan tiempo reclamando un reconocimiento oficial más amplio de estos ataques dentro del registro de víctimas del terrorismo en España, al igual que ocurrió con las víctimas de organizaciones como ETA. A su juicio, las víctimas canarias merecen ocupar el mismo lugar en la memoria colectiva nacional.

Los organizadores del homenaje subrayan que el objetivo no es únicamente recordar el pasado, sino también defender el derecho de las familias al reconocimiento y a la reparación histórica. Muchas de ellas consideran que el sufrimiento de los pescadores canarios no ha recibido la atención suficiente en comparación con otros expedientes relacionados con el terrorismo en Europa.

En un contexto marcado por las transformaciones políticas en el norte de África y por la evolución de las relaciones entre España y Marruecos en los últimos años, la reapertura de este expediente desde la perspectiva de la memoria y la justicia histórica podría contribuir a arrojar luz sobre un capítulo del pasado regional que durante mucho tiempo permaneció fuera del debate público, pese a su impacto directo en la vida de cientos de familias en las Islas Canarias.