Desmantelamiento de redes de “narcoterrorismo” transnacional gracias a la coordinación de seguridad marroquí, estadounidense e internacional
ALDAR/ Imane Alaoui
Datos oficiales publicados por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia revelaron el éxito de dos complejas operaciones internacionales dirigidas contra redes criminales transnacionales implicadas en el tráfico de armas pesadas, el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Estas operaciones contaron con la contribución activa del polo de seguridad marroquí, representado por la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), junto con socios internacionales, en particular la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Según estas informaciones, la primera operación permitió desmantelar una red criminal internacional especializada en el tráfico ilícito de armas de carácter militar destinadas a cárteles de droga, especialmente el cártel mexicano «Jalisco Nueva Generación», considerado una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. La operación se saldó con la detención de un ciudadano keniano en Marruecos, extraditado a Estados Unidos el 11 de marzo de 2026, así como con la detención de un traficante de armas búlgaro en España y de un cómplice tanzano en Ghana, mientras que un sospechoso ugandés sigue prófugo. Las investigaciones revelaron que esta red operaba desde septiembre de 2022 y suministraba a los cárteles armas sofisticadas, entre ellas ametralladoras, lanzacohetes, granadas, equipos de visión nocturna, fusiles de precisión y sistemas antiaéreos, utilizando documentos falsificados conocidos como «certificados de usuario final» para ocultar el destino real de los envíos. La red también logró exportar un lote de prueba de 50 fusiles de asalto tipo AK-47 desde Bulgaria, mientras que el valor total de las transacciones potenciales se estima en unos 53,7 millones de euros. Asimismo, se detectaron planes para suministrar equipos aún más avanzados, como misiles tierra-aire, drones y sistemas de defensa aérea.
En un contexto relacionado, la segunda operación permitió desmantelar una red criminal dirigida por un ciudadano libanés implicado en transferencias financieras vinculadas al narcotráfico internacional. Esta operación, llevada a cabo en agosto de 2024 en el marco de una «entrega vigilada» en coordinación con la DEA, culminó el 23 de marzo de 2026 con la condena por parte de la justicia estadounidense del libanés-sirio Antoine Qassis por conspiración en casos de narcoterrorismo y por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, tras un juicio de cinco días. Las investigaciones demostraron que el acusado supervisaba redes de tráfico de cocaína y armas desde Siria y Líbano, aprovechando sus vínculos dentro del antiguo régimen sirio, incluidos contactos con altos mandos militares. También habría establecido acuerdos con el «Ejército de Liberación Nacional» (ELN) colombiano, clasificado como organización terrorista, para intercambiar armas por cientos de kilogramos de cocaína. Las pruebas indican que planeaba importar un cargamento marítimo de 500 kilogramos de cocaína a través del puerto de Latakia con el objetivo de distribuirlo en Oriente Medio, mientras sus socios se encargaban de las operaciones de blanqueo de capitales. Cerca de 100 millones de dólares habrían sido transferidos en menos de 18 meses a favor de redes criminales, entre ellas el cártel de Sinaloa y el movimiento Hamás.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que el éxito de estas dos operaciones refleja un alto nivel de coordinación en materia de seguridad entre varios países, entre ellos Marruecos, España, Ghana, Kenia, Colombia y México. Asimismo, destacaron el papel central desempeñado por los servicios de seguridad marroquíes, tanto en la ejecución de detenciones en el territorio nacional como en el intercambio de inteligencia y la contribución a los procedimientos de extradición internacional, lo que refuerza la posición del Reino como un socio fiable en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo a nivel internacional.
Los acusados en estos casos se enfrentan a penas severas que pueden alcanzar la cadena perpetua, con condenas mínimas de entre 10 y 20 años de prisión según la naturaleza de los cargos, en el marco de la iniciativa estadounidense «Take Back America», destinada a desmantelar redes criminales transnacionales y combatir los cárteles y las organizaciones terroristas a escala mundial.
