Crecen las voces en EE. UU. que piden clasificar al Frente Polisario como organización terrorista ante acusaciones de extremismo y violaciones

ALDAR/

En los círculos políticos e intelectuales de Estados Unidos se intensifica el debate sobre la necesidad de clasificar al Frente Polisario como una organización terrorista, a la luz de recientes datos e indicios que apuntan a su implicación en actividades sospechosas de carácter armado y en vínculos con grupos extremistas. El Centro Hudson, uno de los think tanks conservadores más influyentes de Washington, ha lanzado un llamado claro instando a la administración estadounidense a dar este paso, subrayando que sería una decisión estratégica que reforzaría los intereses de EE. UU. y la estabilidad en el norte de África.

Esta propuesta se basa en una serie de hechos que sitúan al Polisario en el centro de acusaciones graves en materia de seguridad y derechos humanos. Entre ellas, destaca la ruptura del alto el fuego firmado en 1991 bajo los auspicios de las Naciones Unidas, así como el desvío de la ayuda humanitaria destinada a los campamentos para financiar su aparato militar. Además, informes creíbles señalan vínculos entre el Polisario y organizaciones terroristas internacionales como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS), así como supuestas conexiones con Hezbolá y el apoyo técnico recibido de Irán a través de la mediación militar argelina.

Estos elementos colocan al Polisario bajo el marco legal estadounidense que define claramente los criterios para designar a un grupo como organización terrorista extranjera, incluyendo el operar fuera del territorio estadounidense, llevar a cabo actos de violencia o amenazas contra la seguridad y cooperar con organizaciones extremistas, condiciones que, según analistas, se cumplen plenamente en este caso.

Expertos señalan que si Estados Unidos adopta esta medida, el impacto político será significativo, tanto por la protección de sus intereses en la región como por el respaldo a sus socios estratégicos, especialmente Marruecos, considerado un aliado clave de Washington en cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo. Marruecos, gracias a su ubicación estratégica y estabilidad política, constituye un pilar esencial en una región marcada por tensiones, mientras que las acciones del Polisario suponen una amenaza directa a este equilibrio.

Desde el punto de vista humanitario, se multiplican las denuncias sobre las condiciones en los campamentos de Tinduf, donde el Polisario impone un control estricto sobre decenas de miles de saharauis, privándolos de derechos básicos como la libertad de expresión y de movimiento. Se han documentado casos de reclutamiento forzado y prácticas degradantes comparables a formas modernas de esclavitud. Esto contrasta con la situación de los saharauis que viven en las provincias del sur de Marruecos, quienes gozan de todos sus derechos civiles y políticos, participan en elecciones y se benefician de programas de desarrollo y apoyo estatal.

En caso de que se concrete la clasificación del Polisario como grupo terrorista, las consecuencias serían amplias: congelación de activos, debilitamiento de sus redes de financiación, aislamiento de actores regionales que lo apoyan —en particular el régimen argelino—, freno a la penetración iraní en la región mediante sus aliados, reducción del tráfico de armas y fortalecimiento de los esfuerzos internacionales contra el terrorismo. Además, permitiría poner fin al uso político del estatus de refugiado saharaui como herramienta de presión internacional.

Los movimientos actuales en Washington reflejan un cambio en la percepción política estadounidense respecto a este prolongado conflicto regional, y abren la puerta a un giro decisivo en la postura oficial frente al Polisario. Esta posible evolución podría poner fin a años de ambigüedad frente a sus actividades armadas, y reorganizar el equilibrio geopolítico en el norte de África.